jueves, 13 de marzo de 2014

Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio


Luego de un receso, volvemos a publicar algo que entiendo puede de ser de gran ayuda para todo Corredor y Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico, y para el pequeño comerciante en general.

Mientras ofrecía un seminario para Corredores de Bienes Raíces sobre los procedimientos adjudicativos ante el DACO, lo cual incluye el procedimiento de imposición de multas, hice referencia a una ley que fue aprobada con el propósito de simplificar y flexibilizar los procesos administrativos y de reglamentación gubernamental a los que se enfrentan los pequeños negocios. Informé, además, que dicha ley estaba bajo la administración del la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) de Puerto Rico.

La ley en cuestión es la Ley Núm. 454 de 28 de diciembre de 2000, conocida como Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio. Esta ley fue creada a los fines de que las agencias gubernamentales revisen sus reglamentos para asegurar que los pequeños negocios no estén excesivamente reglamentadas, y flexibilizar las penalidades de acuerdo a su tamaño.

Según la exposición de motivos de la ley, las agencias gubernamentales tendrán que “ser creativas, conocer la estructura económica de la industria que regula, y finalmente reglamentar en forma tal que no se le impongan cargas indebidas al sector que más aporta al crecimiento de la economía, específicamente los pequeños comerciantes”. Establece, además, que su aprobación “permitiría a los empresarios participar en el proceso de la reglamentación y exponer sus comentarios sobre las prácticas y acciones para asegurar el fiel cumplimiento de la agencia”.

En estos tiempos de crisis económica en nuestra Isla, donde se requiere más que nunca que el gobierno fomente el ambiente adecuado para el desarrollo de los pequeños negocios de capital local para la  generación de empleos, tenemos que velar porque el propósito para el cual fue creada esta ley se cumpla. Es de conocimiento de todos que las agencias gubernamentales, lejos de simplificar los procedimientos para fomentar el desarrollo de los pequeños comerciantes en Puerto Rico, los han complicado. Acudamos al Ombudsman para verificar que lo dispuesto en la ley verdaderamente se esté cumpliendo. Hagamos uso de esta herramienta.